Información sobre las actividades pasadas de Texaco Petroleum Company en Ecuador

Información adicional sobre los efectos sobre la salud

El tema de la salud

El tema del Genocidio

Sacha 85, Piscina 1

Antecedentes

La historia del desarrollo petrolero en Ecuador se remonta a 1878 cuando la Asamblea Nacional de Ecuador decretó los derechos exclusivos a M. G. Mier and Company para la extracción de petróleo, carbón, kerosene y otras sustancias bituminosas en la Península Santa Elena.

En 1937, el gobierno de Ecuador otorgó la primera concesión petrolera a Shell Oil en la región Oriente del Amazonas. En 1964 el gobierno invitó a la subsidiaria de Texaco, Texaco Petroleum Company, y a Gulf Oil a explorar y producir petróleo en dicha región a través de una sociedad con el gobierno.

Exploración en el Oriente

Como tema central de las actividades del gobierno en esa época se encontraba el deseo de fortalecer la economía de Ecuador desarrollando los sectores del petróleo, la pesca y agrícola, y la resolución de una disputa limítrofe de larga data con Perú que involucraba la región Oriente. El desarrollo de los recursos petroleros fue sólo una de las maneras que tuvo el gobierno de garantizar sus reclamos en el Oriente. El gobierno también otorgó tierras y promulgó leyes que fomentaban la colonización de la región. A su vez, la colonización llevó a un desarrollo comercial, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agricultura. Aquí, al igual que en cualquier nación en desarrollo, las tierras forestadas produjeron formas de uso de las tierras necesarias para soportar el crecimiento de la población.

En Ecuador, al igual que en muchos otros países, los minerales son de propiedad del gobierno y se desarrollan a través de entidades gubernamentales. Petroecuador, la compañía petrolera estatal de Ecuador, y Texaco Petroleum en conjunto exploraron y produjeron petróleo en el Oriente a través de una sociedad comercial denominada consorcio. La participación de Texaco Petroleum en el proyecto fue regida por un contrato de concesión de 28 años. Gulf Oil participó a los inicios de la sociedad, pero para 1977 Petroecuador se convirtió en el propietario mayoritario con el 62,5 por ciento de interés. Texaco Petroleum mantuvo un interés minoritario del 37,5 por ciento. Todas las actividades de este consorcio petrolero se llevaron a cabo bajo la supervisión del gobierno del Ecuador y con la aprobación del mismo. En 1990, a medida que se acercaba el final del contrato de concesión, Texaco Petroleum transfirió las operaciones del consorcio al gobierno Ecuatoriano, pero mantuvo su interés propietario del 37,5 por ciento en la producción de petróleo hasta 1992 fecha en la cual terminó la concesión de Texaco Petroleum, y Petroecuador se convirtió en propietario del 100 por ciento. Ni Texaco ni ninguna de sus subsidiarias ha participado en las operaciones de exploración y producción de petróleo en Ecuador por casi una década 15 años.

Durante sus años de operación, Texaco Petroleum continuamente cumplió con las leyes de Ecuador y con los estándares ambientales industriales de petróleo internacionales. Por cierto, Texaco Petroleum desarrolló un nuevo estándar en la industria para operar en entornos sensibles, que incluye el uso de helicópteros para trasladar equipos para reducir al mínimo la creación de caminos. Otras compañías petroleras que operan en la región del Amazonas han adoptado la misma práctica. Texaco Petroleum ha llevado adelante un extenso programa de remediación al final del contrato de concesión para asegurar que no se produzcan daños posteriores al medio ambiente.

En 1993, los abogados de los demandantes presentaron la primera demanda, en los Estados Unidos, contra Texaco Inc. En cuatro ocasiones distintas los tribunales de los Estados Unidos desecharon la demanda sobre la base de que el sistema judicial de los Estados Unidos no tenía jurisdicción sobre dicha acción legal. Finalmente los abogados de los querellantes aceptaron la decisión de los tribunales estadounidenses y en mayo del 2003 entablaron una nueva demanda contra ChevronTexaco en Ecuador. A lo largo de estos diez años los abogados de los demandantes nunca han presentado pruebas creíbles y respaldadas que sustenten sus acusaciones.

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Remediación ambiental

Al finalizar el contrato de concesión, se contrató la ejecución de dos auditorías ambientales para que midieran los impactos ambientales de sus operaciones en el suelo, el agua y el aire de las zonas en que había operado el Consorcio y, a la vez, evaluaran el grado de cumplimiento de las leyes, normas y las prácticas operativas petroleras de aceptación general. Dichas auditorías constituyen una práctica común en las operaciones de la industria petrolera. Las dos renombradas firmas internacionales que llevaron a cabo estas auditorías, fueron AGRA Earth & Environmental Ltd. (anteriormente HBT AGRA Ltd.) y Fugro-McClelland (FM). Ambas auditorías concluyeron, independientemente, que Texaco había operado de manera responsable y no había impactos ambientales significativos ni duraderos como resultado de las operaciones del antiguo consorcio.

Asimismo, Texaco Petroleum llevó a cabo un programa de remediación cuya magnitud correspondía a su participación de una tercera parte en el consorcio, en el cual se cerraron los pozos de producción utilizados previamente por Texaco Petroleum; se modificaron los sistemas de agua de producción; se sembraron terrenos despejados y se remediaron los suelos contaminados. Todas las actividades de remediación fueron inspeccionadas y certificadas por el gobierno del Ecuador.

El programa de remediación de US$40 millones se inició en 1995 y se completó al final del verano de 1998. Durante el proceso, el gobierno ecuatoriano inspeccionó todas las actividades de remediación realizadas en cada emplazamiento. El 30 de septiembre de 1998, el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, el Presidente de Petroecuador y el Gerente General de Petroproduccion firmaron la "Liberación Final de Demandas y Entrega de Equipos". Este acuerdo de 1998 finalizó la aprobación y certificación por parte del Gobierno del Ecuador de los trabajos de remediación del medio ambiente llevados a cabo por Texaco Petroleum y dispone que Texaco Petroleum cumplió a cabalidad con todas las obligaciones establecidas en el contrato de remediación firmado en 1995. Asimismo, los municipios de la zona de las operaciones de perforación firmaron un acuerdo negociado con Texaco Petroleum en que se eximió a la compañía de reclamos y obligaciones futuros.

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Efectos sobre la salud

Durante los 26 años en que Texaco Petroleum operó en Ecuador, mejoró la salud del pueblo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (o National Institute for Statistics and Census) en Ecuador. La expectativa de vida para los hombres y las mujeres se incrementó de 51 a 53 años respectivamente en 1962, a 63 y 67 años en 1990. La mortalidad infantil cayó de 87 muertos cada 1.000 nacimientos en 1967 a 44 en 1989. Estas mejoras se produjeron no sólo en el ámbito nacional, sino también en las provincias de Napo y Pastaza, lugares en los que operó el ex consorcio Petroecuador/Texaco Petroleum.

Los abogados de los demandantes y los grupos activistas, incorrectamente, atribuyen virtualmente todos los problemas de salud en la región Oriente a las actividades relacionadas con la producción de petróleo. De hecho, de las pruebas científicas creíbles presentadas a la fecha en el proceso judicial en el Ecuador:

  • Más del 99% de todas las muestras de agua para consumo analizadas no contiene niveles nocivos de químicos relacionados con petróleo, y supera las normas de calidad establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (USEPA).
  • Más del 99% de todas las muestras de suelo recolectadas en las áreas remediadas por Texaco Petroleum Company confirma que la remediación cumplió con los requisitos fijados por el gobierno del Ecuador y que las zonas remediadas no constituyen un riesgo significativo para la salud humana.

Las pruebas científicas son claras: la cantidad abrumadora de pruebas científicas creíbles recolectadas a lo largo de dos años de inspecciones judiciales presentadas ante la corte del Ecuador ha demostrado que la población del Oriente no se enfrenta a riesgos significativos de salud relacionados con las actividades petroleras llevadas a cabo en las áreas remediadas por Texpet.

Efectivamente, algunos epidemiólogos y expertos médicos y científicos de talla mundial han analizado los estudios utilizados por la parte actora para sustentar sus reclamos y cada experto, independientemente, concluyó que son sesgados, inconcluyentes y contienen errores.

Los investigadores que trabajan de común acuerdo con los abogados de los demandantes y los activistas ambientales, han presentado estudios con estadísticas y aseveraciones de que los impactos históricos de las antiguas operaciones de Texpet han producido una alta incidencia de diversas enfermedades. Sin embargo, ninguno de estos estudios alcanza el nivel de investigación de causa y efecto. De hecho, los autores mismos de los estudios reconocen que los estudios no establecen un vínculo causal y que se sabe que muchos otros factores no relacionados con la actividad petrolera han causado aflicciones de salud en la región.

La Dra. Laura Green, es una de las toxicólogas de mayor renombre en los Estados Unidos - una profesional acreditada por el Consejo Americano de Toxicología, y catedrática en el Massachussets Institute of Technology - MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets). En una declaración jurada presentada en Ecuador, afirmó: "Con respecto a los supuestos efectos adversos para la salud de las operaciones petroleras en sí, muchos de los estudios ofrecen pocas pruebas, si es que presentan indicio alguno, de efectos sobre la salud, y adolecen, además, de incertidumbre, defectos, lagunas de datos y casos de interpretación excesiva de una datos muy limitados."1

Se ha documentado ampliamente que los habitantes del Oriente adolecen de numerosos problemas de salud debido a bacterias de ocurrencia natural, saneamiento deficiente y acceso limitado a atención médica. Los datos científicos analizados revelaron la presencia de altos niveles de contaminación bacteriana de desechos animales o humanos (no de petróleo) en un 90% de las muestras de agua para consumo tomadas en las inspecciones judiciales, lo cual indica una amplia contaminación microbiana de las fuentes de agua. Sin embargo, no hay evidencia científica creíble que sugiera una relación entre los problemas de salud y las operaciones de Texaco Petroleum Company en el Oriente ecuatoriano, las cuales culminaron en 1990.

Lo que los abogados de los demandantes han decidido ignorar es lo que reconocen muchas agencias internacionales de desarrollo y las ONG: Las causas principales de las enfermedades en el Oriente son la pobreza, la higiene deficiente, la presencia natural de bacterias y parásitos, una falta de acceso al agua limpia y una infraestructura insuficiente. Estos factores contribuyen a los problemas de salud en la región de diversas formas, incluyendo:

  • Saneamiento deficiente y sistemas de alcantarillados que tienen como consecuencia una exposición frecuente a parásitos infecciosos y enfermedades bacterianas
  • Aguas contaminadas por fuentes biológicas y pesticidas nocivos
  • Desnutrición crónica y graves deficiencias vitamínicas
  • Viviendas inadecuadas que incrementan la probabilidad de contacto con insectos infecciosos
  • Acceso deficiente a instalaciones médicas
  • Falta de trabajadores capacitados en servicios de salud
  • Resulta irresponsable y, a la vez, incorrecto que los demandantes ignoren estas condiciones bien documentadas, y en lugar de ello señalen exclusivamente a la producción de petróleo como la causa de todas las inquietudes referentes a la salud.

1 Declaración de la Dra. Laura Green ante la Corte Superior de Justicia en Nueva Loja, Ecuador, 30 de junio de 2004.

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Responsabilidad de Petroecuador

Las pruebas presentadas en el juicio a la fecha demuestran que los daños ambientales existentes en la actualidad son de responsabilidad exclusiva de la petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador. Petroecuador ha ejercido el control exclusivo de los campos petrolíferos en el Oriente desde 1990. Durante dicho período, Petroecuador nunca cumplió con sus obligaciones de limpieza y ha operado los campos con una negligencia total hacia el medio ambiente. Según los datos del mismo Petroecuador, la empresa es responsable de 867 derrames petroleros, que han vertido más de 1,8 millones de galones de crudo en el Oriente.

Si bien son claras las pruebas científicas, los abogados y sus activistas, que encabezan la demanda contra Texpet, no quieren que se conozcan. En lugar de ello, quieren que TexPet pague por el deplorable récord ambiental de Petroecuador. Ignoran el hecho que el gobierno del Ecuador certificó la limpieza por parte de Texpet de las áreas que le correspondía limpiar y eximió a la compañía de reclamos y obligaciones futuros. Asimismo, hacen caso omiso de la enorme cantidad de evidencia científica presentada a la corte, la cual demuestra que los residentes del Oriente no se enfrentan a riesgos de salud significativos derivados de la actividad petrolera en las áreas remediadas por TexPet.

Pero los abogados litigantes no quieren hablar de Petroecuador. Y son muchos los temas que no desean tratar, como el hecho que no están logrando probar su caso en la Corte de Lago Agrio. Los abogados de la parte actora no quieren que se sepa que:

  • Más del setenta y cinco por ciento de las muestras de suelo y agua recolectadas por los demandantes fueron tomadas por fuera de las áreas de responsabilidad de Texaco Petroleum Company; con frecuencia en zonas que rodean las piscinas y derrames de Petroecuador.
  • Todas las muestras de agua y de suelo entregadas por los peritos de los demandantes durante los primeros tres años y medio del proceso fueron analizadas por un laboratorio no acreditado, lo que significa que los resultados no son científicamente confiables y tienen poco valor desde el punto de vista legal.
  • Durante más de 15 meses, la Corte Civil de Pichincha ha intentado inspeccionar el laboratorio principal utilizado por la parte actora para determinar si reúne los requisitos para efectuar los análisis necesarios de suelo y agua. En siete ocasiones diferentes los abogados de los demandantes y el laboratorio han obstruido la justicia y obstaculizado la inspección por parte del Juez. ¿Qué intentan ocultar?
  • Según las cifras oficiales del gobierno del Ecuador, las tasas de mortalidad por cáncer son más elevadas en los alrededores de Quito que en las áreas circundantes a Lago Agrio.
  • Algunos epidemiólogos y expertos científicos de talla mundial han analizado los estudios utilizados por la parte actora para sustentar sus reclamos y cada perito, independientemente, concluyó que son sesgados, inconcluyentes y contienen errores.
  • Se ha detectado la presencia de contaminación bacteriana de desechos animales o humanos en un 90% de las muestras de agua para consumo tomadas por los peritos de Chevron en el Oriente y es probable que sea ésta la causa de muchos de los problemas de salud presentes en la región.
  • El gobierno del Ecuador declaró que la limpieza realizada por Texaco Petroleum Company fue eficaz y liberó a Texaco Petroleum Company de toda obligación ambiental futura.

Chevron está plenamente conciente de los desafíos a los que se enfrentan los residentes de esta región y comprende la difícil situación por la que atraviesan. La gran mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y no tiene acceso a los servicios básicos. No obstante, rechazamos firmemente la idea de que se le atribuya a Chevron la responsabilidad de resolver los problemas de la región en su conjunto los cuales resultan de la percepción o el hecho que el gobierno y la petrolera estatal no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones, o no están en capacidad de hacerlo.

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Contribuciones económicas

Texaco Petroleum hizo una importante contribución a la economía ecuatoriana dado que aproximadamente el 95% de la utilidades pasaron al gobierno del Ecuador a través de regalías, impuestos sobre la renta y subsidios de mercado. Del total aproximado de US $25 mil millones generados por el consorcio, US$24,5 fueron recibidos por el gobierno del Ecuador y unos US$490 millones fueron devengados por Texpet, el accionista minoritario (estas cifras fueron validadas por los registros del Banco Central del Ecuador).

A lo largo de los años, las operaciones de Texaco Petroleum generaron trabajo para 840 empleados y contratos de trabajo para 2000 trabajadores, lo que benefició, directamente, a casi 3000 familias ecuatorianas. Adicionalmente, los requerimientos de bienes y servicios del consorcio también generaron beneficios para otros miles de ecuatorianos. El 95% de los empleados de Texaco eran ecuatorianos, inclusive muchos ocuparon cargos en la alta gerencia de la empresa.

En el campo de la tecnología y la educación Texaco Petroleum también hizo aportes importantes. Las carreras politécnicas de Quito, Guayaquil y Loja recibieron contribuciones importantes de Texaco Petroleum, así como otras instituciones de educación superior. Texaco Petroleum también financió programas sociales y de salud en la región de sus operaciones petroleras, como son la construcción de vías, aeropuertos, escuelas, instalaciones médicas y sistemas de agua para consumo, así como también aportó sumas importantes a los Institutos Politécnicos de Quito, Guayaquil y Loja al igual que a otras instituciones de educación superior.

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