6 de julio del 2006
Chevron censura los intentos de los abogados de los demandantes por debilitar el proceso judicial
Quito, 6 de julio del 2006- Chevron Corporation, la acusada en un juicio ambiental en curso en el Ecuador, hoy día emitió el siguiente comunicado sobre los recientes intentos de los abogados de los demandantes por cancelar las inspecciones judiciales a los sitios petroleros del antiguo consorcio Petroecuador/Texaco Petroleum, que son parte del proceso de producción de evidencias ordenado por la Corte.
"Los últimos esfuerzos realizados por los abogados de los demandantes para restringir el proceso de inspecciones judiciales, constituye un nuevo intento para impedir que la Corte reciba evidencia adicional que seguramente comprobará que sus acusaciones en contra de Chevron carecen de todo fundamento y mérito alguno".
"El abrumador peso de la evidencia que ha sido presentada ante la Corte hasta la presente fecha, ha mostrado que los habitantes del Oriente no enfrentan riesgos significativos derivados de las actividades petroleras en los sitios remediados por Texaco Petroleum Company. Los demandantes no han podido comprobar sus acusaciones y parecería ser que ahora se han dado cuenta que continuar con el proceso de inspecciones judiciales solamente contribuirá a debilitar aún más su posición".
"Aún más, las acusaciones de los demandantes en el sentido de que Chevron esté demorando el juicio, no pueden estar más apartadas de la verdad. De hecho, han sido los abogados de los demandantes quienes continúan causando estas demoras innecesarias".
"Para citar un ejemplo, el 15 de junio de 2006, los abogados de los demandantes solicitaron a la Corte cancelar cinco de las inspecciones judiciales ordenadas por la Corte para ser conducidas en junio y julio pues aducían que no estaban técnicamente preparados. Sin embargo, nos parece difícil entender cómo los abogados de los demandantes alegan no estar preparados si ellos mismos fueron quienes solicitaron la realización de estas inspecciones judiciales en el 2003, aduciendo tener información técnica proveniente de estos sitios que supuestamente comprobaría sus acusaciones. Aún cuando la Corte accedió a posponer estas inspecciones, rehusó cancelarlas a pesar de los repetidos esfuerzos de los demandantes para forzar su cancelación. Los abogados de los demandantes llegaron al extremo de organizar una protesta dentro de las instalaciones de la Corte en Lago Agrio el 14 de junio pasado en un intento por presionar al Juez para que aceptara su petición. Una vez más, el 29 de junio de 2006, la Corte emitió una orden denegando la solicitud de cancelación de las inspecciones interpuesta por los demandantes y ratificó su pronunciamiento anterior de que todas las inspecciones judiciales que fueron ordenadas según consta en los registros existentes, debían ser conducidas".
"Los intentos de los abogados de los demandantes por acortar el proceso de inspecciones judiciales, o retirarse de él luego de haber solicitado cerca de cien de estas inspecciones, no va solamente en contra de la ley sino que constituye una clara demostración de cómo los demandantes intentan manipular el proceso al ejercer presión sobre la Corte para que emita un pronunciamiento, en base a conclusiones que carecen de respaldo en lugar de hacerlo basándose en evidencias legítimas y sólidos datos científicos".
"Al mismo tiempo, mientras de manera insistente solicitan a la Corte reducir el proceso de producción de evidencias, intentan engañar a la opinión pública al insinuar lo contrario. Por ejemplo, en su carta del 23 de febrero de 2006 dirigida a la Comisión Internacional de Juristas, los abogados de los demandantes declaran, "Es de suma importancia que la inspección de San Carlos, así como toda inspección futura, continúe como estaba previsto aplicando lo más altos principios de justicia e imparcialidad".
"Más aún, los abogados de los demandantes han obstruido la justicia al reiteradamente impedir que un juez ecuatoriano pudiese realizar una inspección al laboratorio utilizado por los peritos designados por los demandantes para analizar las muestras de agua y suelo. Esta inspección fue solicitada por Chevron y ordenada por la Corte para determinar si el laboratorio estaba debidamente acreditado y capacitado para realizar los análisis de las muestras de agua y suelo ordenados por la Corte que fueran recolectadas durante las inspecciones judiciales".
"La Constitución del Ecuador garantiza a Chevron el derecho a un juicio justo y, a nuestro parecer, cualquier esfuerzo de los abogados de los demandantes por minar el proceso judicial, debería ser considerado como una denegación de justicia".
A continuación se presentan los puntos más destacados de los informes de las inspecciones judiciales que fueran remitidos por los peritos designados por Chevron.
- Más del 99% de todas las muestras de suelo recolectadas en las áreas anteriormente remediadas por Texpet confirman que la remediación fue efectiva y cumplió con los requerimientos de cierre establecidos por el gobierno del Ecuador y Petroecuador.
- Más del 99% de todas las muestras de agua para beber analizadas durante las inspecciones está libre de niveles perjudiciales de químicos relacionados con la producción petrolera.
- Más del 97% de las mismas muestras de agua para beber están contaminadas por bacterias microbianas no relacionadas con la producción petrolera; dicha contaminación podría constituir un riesgo para la salud de la población que consume esta agua.
- Las inspecciones han revelado un patrón de descuido de Petroecuador, quien ha sido el dueño y operador exclusivo de estos campos petroleros por más de 14 años.
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