Comunicados de prensa y declaraciones

20 de abril del 2007

Por séptima ocasión, la Corte intentará inspeccionar el laboratorio utilizado por los demandantes en el caso entablado en contra de Chevron

Chevron pide a los abogados de los demandantes dejar de obstruir el ejercicio de justicia; La inspección ha sido programada para el 24 de abril

Quito, 20 de abril del 2007- El 24 de abril de 2007, por séptima ocasión, un Juez intentará inspeccionar el laboratorio contratado por los abogados de los demandantes dentro del juicio ambiental entablado en contra de Chevron Corporation. En seis ocasiones anteriores, los abogados que representan tanto a los demandantes como al Laboratorio Havoc de Quito, impidieron que un Juez Civil de Pichincha pudiese realizar la inspección a las instalaciones del laboratorio, e inclusive cerraron sus puertas en directa violación a las órdenes emitidas por la Corte.

La Inspección Judicial Especial fue solicitada por Chevron, a fin de determinar si el Laboratorio Havoc estaba en capacidad de realizar el análisis científico y técnico para los peritos nombrados por los demandantes. La Inspección fue originalmente ordenada por un Juez Civil de Pichincha en febrero de 2006, luego de que Chevron hiciese notar a la Corte que el Laboratorio no contaba con la debida certificación y acreditación otorgada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), para realizar los análisis requeridos dentro del juicio ambiental contra Chevron. Chevron había hecho notar a la Corte que los informes analíticos emitidos por el Laboratorio aparecían como poco precisos y engañosos.

"Los continuos esfuerzos de los abogados de los demandantes por impedir la inspección constituye un claro caso de obstrucción del ejercicio de justicia así como un desafío a las órdenes impartidas por el juez competente", dijo Ricardo Reis Veiga, Abogado Ejecutivo de Chevron para América Latina. "Estas acciones revelan el alcance de su desesperación por esconder la verdad a la Corte. Durante algún tiempo hemos pensado que el Laboratorio Havoc no estaba debidamente calificado para realizar los análisis necesarios para arrojar resultados legítimamente científicos. Estos esfuerzos deliberados por impedir que el Juez ecuatoriano condujera la inspección al laboratorio simplemente refuerzan nuestro criterio y únicamente señala hacia el hecho de que los análisis técnicos presentados por los abogados de los demandantes están seria y fatalmente viciados."

Sara McMillen, Consejera Científica Senior de Chevron, dijo "Los Laboratorios Havoc carecen de las credenciales necesarias para realizar correctamente todos los análisis necesarios para las inspecciones judiciales. La reciente acreditación parcial (enero de 2007), aún no ha sido completada y todos los informes judiciales de las inspecciones que han sido remitidos hasta ahora, contienen análisis realizados sin que el laboratorio contara con la acreditación indispensable. Esto podría explicar el hecho de que el laboratorio haya presentado resultados inconsistentes, y en algunos casos hasta extremadamente inverosímiles. El realizar los análisis según los estándares científicos generalmente aceptados, es la única manera de producir resultados legítimos de manera transparente y creíble."

Repetidos intentos de los abogados de los demandantes por obstruir la justicia

La Corte Superior de Nueva Loja ordenó la realización de inspecciones judiciales a los sitios de producción petrolera que pertenecieron al ex consorcio petrolero Petroecuador-Texpet, a fin de determinar las condiciones ambientales de éstos, así como la efectividad de los trabajos de remediación realizados por Texaco Petroleum Company (Texpet), de conformidad con el acuerdo firmado con el Gobierno del Ecuador y Petroecuador. La orden establecía que los peritos nominados por las partes evaluaran las condiciones ambientales de los sitios tomando muestras de agua y suelo para analizarlas por un laboratorio calificado y que los resultados debían ser remitidos a la Corte.

Al inicio del proceso de inspecciones judiciales en el 2004, los abogados de los demandantes inicialmente contrataron los servicios del laboratorio de la Universidad Católica de Quito para realizar las pruebas de laboratorio requeridas; sin embargo, sin previa explicación y de manera abrupta, en enero de 2005 contrataron a los Laboratorios Havoc.

Los abogados de los demandantes y quienes los apoyan, posteriormente se dedicaron a evitar que la Corte pudiese inspeccionar los laboratorios Havoc en seis ocasiones consecutivas.

  • El 17 de febrero, cuando el Juez Civil de Pichincha, Dr. Germán González del Pozo, se presentó en el Laboratorio en el día oficialmente establecido para realizar la inspección, encontró las puertas de las instalaciones del laboratorio cerradas y le fue negado el acceso a las mismas.
  • El 21 de marzo de 2006, el Juez González volvió a los laboratorios Havoc para, una vez más, encontrar que sus puertas estaban cerradas y que se le negaba el acceso a sus instalaciones.
  • El 30 de marzo de 2006, cuando el Juez González se aprestaba a salir desde la Corte hacia las instalaciones del laboratorio Havoc para realizar la inspección, los abogados de los demandantes lo interceptaron con una "orden de desistimiento".
  • El 31 de mayo de 2006, pocas horas antes de la siguiente inspección programada, los abogados que representaban a Havoc, junto con los abogados de los demandantes, presentaron al Juez una petición de varios cientos de páginas, en la que solicitaban la suspensión de la inspección.
  • El 28 de agosto de 2006, tres días antes de la nueva fecha fijada para la inspección, el Juez solicitó a ambas partes el nombrar peritos para la inspección. Los demandantes no cumplieron con la orden del Juez y por lo tanto, una vez más, el Juez se vio forzado a cancelar la inspección.
  • La nueva fecha para la inspección fue fijada para el 23 de octubre; sin embargo, pocos días antes de esta fecha, los representantes legales de los Laboratorios Havoc presentaron una recusación en un esfuerzo por remover al juez y así forzar la suspensión de la inspección.

"Chevron insiste en que la Corte debe realizar la inspección a los Laboratorios Havoc en Quito, a fin de verificar si éstos están calificados o no para realizar las pruebas analíticas requeridas por la Corte para las inspecciones judiciales. Estamos seguros de que saldremos triunfantes de este litigio y de que las evasivas tácticas empleadas por los demandantes no socavarán el abrumador peso de la evidencia de que Texpet cumplió con sus obligaciones en el Ecuador. Los resultados de las pruebas de laboratorio de las primeras 45 inspecciones, demuestran que la compañía condujo un efectivo programa de remediación y que no existe riesgo para la salud o el medio ambiente derivado de las antiguas operaciones de Texpet," concluyó Veiga.

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