Comunicados de prensa y declaraciones

08 de abril de 2008

Las diez acusaciones más absurdas del denominado "Informe Pericial" en el juicio ambiental por la operación de Texaco Petroleum Company en el Ecuador

Quito, 8 de abril del 2008 - El día de hoy Chevron afirmó que el informe presentado por el perito nombrado por la Corte, el Sr. Richard Cabrera, a la Corte Superior de Nueva Loja, destaca más por sus acusaciones absurdas y totalmente carentes de sustento, que por algún rol significativo que pudiera desempeñar dentro del juicio ambiental en el Ecuador.

Según las disposiciones emitidas por la Corte, el informe del Sr. Cabrera debía únicamente establecer la existencia, si acaso la hubiere, de los efectos ambientales derivados de las operaciones del antiguo consorcio formado por la compañía petrolera estatal Petroecuador y por Texaco Petroleum Company (Texpet). En su lugar, el informe incursiona en asuntos que van mucho más allá de las órdenes de la Corte e incluye una larga lista de demandas y aseveraciones que poco o nada tienen que ver con la participación de Texpet en el consorcio petrolero que funcionó entre 1964 y 1992.

"El absurdo de las infundadas imputaciones del señor Cabrera y las inadmisibles demandas de pago por compensaciones, fácilmente podrían haber sido redactadas por los mismos abogados de los demandantes. Su informe es totalmente consistente con la vieja campaña montada por los abogados de los demandantes para sacar algún dinero por asuntos que nada tienen que ver con Chevron o con Texaco", sostuvo Ricardo Reis Veiga, Vicepresidente de Chevron para América Latina. "¿Cómo podría cualquier persona sensata creer que se puede responsabilizar a Texpet, ya sea legal o moralmente, por los daños sugeridos por el Sr. Cabrera, quien no tiene ni las pruebas ni la autorización para llegar a tales conclusiones?"

Las diez acusaciones más absurdas del informe del Sr. Cabrera

1. Texaco es responsable de toda la contaminación en el Oriente

Petroecuador, de manera exclusiva, ha operado los campos petroleros del Oriente por más de 17 años, durante los cuales ha acumulado un bien documentado registro de cientos de derrames de petróleo y negligencia ambiental. A pesar de esto, el Sr. Cabrera alega que "todos los elementos contaminantes que han sido liberados en el medio ambiente continúan siendo de exclusiva responsabilidad de Texpet", desde cuando esta Compañía operara como socia minoritaria en un consorcio con Petroecuador, hasta por los daños ocurridos hasta la presente fecha. El Sr. Cabrera ignora el hecho de que a) Texpet condujo una rigurosa remediación que fue aprobada por el gobierno y, b) que la misma información suministrada por Petroecuador confirma que solamente entre 2002 y 2007, la compañía estatal fue responsable por más de 1.000 derrames que sumarían un total de 71.000 barriles derramados. A pesar de esto, el Sr. Cabrera no concilia esta contradicción ni enfrenta de manera adecuada la responsabilidad de Petroecuador por las condiciones encontradas en el Oriente ecuatoriano.

2. Absurdos cálculos de remediación

En primer lugar, de manera errónea, el señor Cabrera sostiene que toda la remediación realizada por Texpet, y aún aquella realizada por Petroecuador dentro del Proyecto para la eliminación de piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA) son insuficientes, aún cuando los organismos correspondientes del gobierno del Ecuador aprobaron todos estos proyectos de limpieza. La suma de $1.700 millones imputada por el Sr. Cabrera para remediación de suelos, equivaldría a $5 millones para cada uno de los sitios de los 335 pozos petroleros que fueron perforados durante las operaciones del consorcio. Para poner este reclamo en contexto, el costo promedio de remediación, dentro del programa (PEPDA) que Petroecuador está aplicando actualmente, es de aproximadamente $150.000 por sitio; esto equivale a un incremento del 3.283 % en el cobro a Chevron propuesto por Cabrera. Adicionalmente, el Sr. Cabrera ignora el hecho de que Petroecuador ya ha planificado la remediación del resto de las piscinas por las que responsabiliza a Chevron; cabe entonces preguntarse ¿a dónde irá a parar esta suma adicional de millones de dólares solicitada para la remediación?

3. Chevron debería pagar para mejorar la infraestructura de Petroecuador

El Sr. Cabrera propone que Chevron pague $375 millones para mejorar y reemplazar el equipo que le ha pertenecido a Petroecuador y con el que ha operado y beneficiado por cerca de veinte años. ¿En qué se basa para sostener que Chevron es responsable de esta situación, cuando es por demás conocido que Petroecuador no ha dado mantenimiento a sus equipos? Al respecto, el Sr. Manuel Muñoz, Director Nacional de Protección Ambiental (del Ministerio de Energía y Minas) el 10 de mayo de 2006, hizo la siguiente declaración:

"Quiero manifestar que hay un problema muy serio respecto de los oleoductos, respecto de todos los sistemas de transmisión de flujos tanto de petróleo como de derivados, que han entrado a un estado de obsolescencia en buena parte, que no hay la presupuestación adecuada para que sean sustituidos. Esta es una de las fuentes más importantes de contaminación Señor Presidente porque dado de que termina su vida útil y no han sido sustituidos se produce los derrames. Y es una de las más importantes causas de derrames que enfrentamos ahora".

La propuesta del Sr. Cabrera equivale al absurdo de pedir a una persona que le ha vendido un automóvil hace 17 años, que lo reemplace porque se ha deteriorado por falta de mantenimiento.

4. Chevron debería proveer de sistemas de agua potable en el Oriente

El Sr. Cabrera recomienda que Chevron cubra los costos de un proyecto de $428 millones para mejorar los sistemas de agua potable en la región, sin ni siquiera probar que el agua potable esté impactada por químicos relacionados con la producción petrolera. De hecho, el Sr. Cabrera admite que "las operaciones petroleras no son directamente responsables por toda la contaminación del agua potable y por todos los efectos adversos en la salud de la población". No obstante, el Sr. Cabrera, quien nunca recolectó una sola muestra de agua de consumo para sustentar sus demandas, ignora los siguientes hechos: a) la única información válida disponible claramente demuestra que las fuentes de agua de consumo, públicas o privadas, cumplen con los límites de seguridad establecidos para químicos relacionados con petróleo, b) la mayoría de gente en el área en la que propone instalar los sistemas de agua, cuenta ya con el agua provista por los sistemas públicos que, como se mencionaba anteriormente, cumple con los límites de seguridad establecidos para químicos relacionados con el petróleo en agua de consumo, y c) en donde se ha podido medir el grado de contaminación del agua, se ha verificado que ésta obedece a la presencia de excrementos animales o humanos en el suministro local de agua de consumo.

5. Solicitud para compensar a las víctimas de cáncer

Aún cuando el reclamo de los demandantes no busca compensación por daños causados por los supuestos impactos en salud, el Sr. Cabrera recomienda que Chevron pague una suma de $2.900 millones en compensación por daños por 428 muertes relacionadas con cáncer. Cabrera no establece que la producción petrolera haya sido la causa de tipo alguno de cáncer ni que Chevron hubiese sido responsable de manera alguna por estos. Aparentemente el autor confía en conversaciones mantenidas con habitantes del sector, sin antes verificar los supuestos efectos que alegan los pretendidos afectados a través de exámenes e informes médicos. Los problemas que acarrea un planteamiento de este género, se hicieron evidentes el año pasado cuando en una decisión tomada por una corte de los Estados Unidos, un Juez Federal concluyó que las demandas por efectos en la salud entabladas en contra de Chevron y presentadas a nombre de varios demandantes ecuatorianos, eran a sabiendas falsas.

El caso presentado en San Francisco fue entablado por el mismo abogado norteamericano que inició el litigio en contra de Chevron en el Ecuador. Bajo juramento, sus clientes admitieron que habían forjado sus demandas sobre cáncer y leucemia; por consiguiente, el abogado fue multado por la Corte y el caso fue finalmente rechazado.

Mientras tanto, las estadísticas oficiales del gobierno ecuatoriano (INEC) muestran que no existe evidencia de exceso en las tasas de muertes provocadas por cáncer en las regiones petroleras de la Amazonía ecuatoriana. El total del índice de mortalidad por cáncer en los cantones orientales en donde se ha producido petróleo, es menor que el índice de mortalidad por cáncer en cantones en donde hubo muy poca o ninguna actividad de producción petrolera.

6. Chevron debería pagar por reforestar los sitios de la antigua área de concesión

Basado en una muy retorcida lógica de pensamiento, que de aplicarse supondría que todo el desarrollo petrolero en el área de concesión es ilegal, el Sr. Cabrera aduce la existencia de "pérdidas directas en la selva tropical húmeda" causadas por la instalación de pozos petroleros y estaciones de producción, y pide un costo de restauración de entre $875 millones y $1.697 millones por los pozos y sitios de producción. Esto parece implicar que Petroecuador debería cesar sus operaciones en estos sitios, a fin de que se pueda realizar una reforestación en estas áreas. Si este absurdo razonamiento fuera aplicado a las operaciones petroleras de Petroecuador, a la compañía estatal le serían imputados $2.000 millones, puesto que ha perforado muchos más pozos en el Oriente de aquellos que fueron perforados por Texpet. Es necesario enfatizar que Texpet cumplió con todas sus obligaciones contractuales con el gobierno del Ecuador para el desarrollo y producción petrolera en el área de concesión.

7. Texaco es el responsable exclusivo de la introducción de alcohol en las comunidades indígenas

Entre los impactos adversos que el Sr. Cabrera describe como "no naturalmente derivados de un proceso de contacto cultural, sino más bien parte de una práctica sistemática" de parte de Texaco, es la exposición de los indígenas al dinero, al alcohol y a la lengua castellana. El Sr. Cabrera basa su alegato en la muerte de un Shaman Cofán por intoxicación alcohólica, la misma que "afectó gravemente la salud y cohesión comunitaria" de este grupo.

8. Texaco es responsable por la agresión sexual por parte de trabajadores petroleros en la región

El Sr. Cabrera hace una acusación muy grave al sostener que 10.1% de las personas que entrevistó afirman que "por lo menos una mujer en sus familias fue víctima de agresión sexual por parte de los trabajadores petroleros". Chevron considera que toda acusación de agresión sexual debe ser debidamente investigada por las autoridades competentes; sin embargo, el informe del Sr. Cabrera no presenta evidencia alguna para apoyar tales afirmaciones o para inferir que Texpet pudo haber estado asociada o ser responsable de tan execrable conducta.

9. La información proveniente de los laboratorios Havoc utilizado por los demandantes "es irrefutablemente válida"

El Sr. Cabrera determina que toda la información presentada por los demandantes en la etapa de inspecciones judiciales del caso, es "irrefutablemente válida", aún cuando no se presentó documentación alguna que garantizara su calidad y de que utilizaron laboratorios que no estaban certificados para realizar tales análisis.

En ocho ocasiones diferentes, los abogados de los demandantes y del laboratorio, impidieron que un juez en Quito pudiera realizar una inspección de las instalaciones. La inspección del laboratorio Havoc en Quito fue originalmente ordenada por el Juzgado Vigésimo de lo Civil de Pichincha en Febrero de 2006. Chevron había hecho notar a la Corte Superior de Nueva Loja que el laboratorio no estaba debidamente acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) para realizar los análisis requeridos en la fase de recopilación de pruebas del juicio. No cabe sino preguntarse cómo pudo el Sr. Cabrera llegar a esta conclusión, cuando los mismos abogados de los demandantes bloquearon los esfuerzos del juez para hacer tal determinación.

Mientras tanto, el análisis realizado por Chevron en las muestras de agua y suelo, confirmó que la remediación realizada por Texpet fue efectiva y demostró que las áreas remediadas no constituyen un riesgo considerable para la salud humana o para el medio ambiente. De hecho, el único informe dirimente realizado por peritos independientes asignados por la Corte para evaluar los resultados de las inspecciones a sitios específicos, estableció que las conclusiones a las que llegó Chevron fueron válidas.

10. "Enriquecimiento Ilícito"

En otro claro ejemplo de la manera en que el Sr. Cabrera excede el ámbito de las instrucciones que le fueran dadas por la Corte, recomienda que la Corte considere otorgar a los demandantes la suma de $8.300 millones en compensaciones por un hipotético "enriquecimiento ilícito" ya que la Compañía habría supuestamente "ahorrado grandes cantidades de dinero por operar la concesión con prácticas operacionales agresivas con el ecosistema". Esta conclusión insinúa que la conducta de la Compañía fue de alguna manera inapropiada, aún cuando cumplió con todas las obligaciones contractuales y las regulaciones establecidas por el gobierno. Más aún, contrasta drásticamente con la realidad puesto que Petroecuador y el gobierno recibieron aproximadamente un 95% de todos los dineros generados por el consorcio como royalties, impuestos e ingresos. En total, este monto representó más del 50% del producto nacional bruto del Ecuador en ese período.

El artificio del Sr. Cabrera de equivocadamente responsabilizar a Chevron por daños carentes de fundamento, desafía la ley, la lógica y los principios de justicia más elementales", añadió Veiga. "Chevron presentará una petición dirigida a la Corte, la misma que solicitará al Juez rechazar el informe. Las múltiples irregularidades observadas durante el trabajo de campo del Sr. Cabrera, su negativa a cumplir con las órdenes de la Corte y los excesos que contiene el documento, lo convierten en ilegítimo y obligan a que se cuestionen los motivos que tiene su autor. Uno solo puede declararse estupefacto ante el claro alineamiento con el cínico intento de los abogados de los demandantes de sacar dinero de Chevron y sus accionistas".

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