12 de septiembre, 2008
Chevron condena el ataque a sus abogados en el Ecuador
La repetida interferencia política en el juicio ambiental, lo ha tornado en una "farsa judicial"
SAN RAMON, Calif., sept. 12, 2008 - El Fiscal General del Ecuador acusó formalmente esta semana a dos abogados de Chevron relacionados con el proceso civil en curso entre esta multinacional y 48 demandantes ecuatorianos. La acusación políticamente motivada marca la reanudación de los intentos del Estado ecuatoriano de negarse a cumplir con las obligaciones contractuales que tiene con Chevron, derivadas de contratos firmados en 1995 y 1998. Las acciones también ignoran los resultados de investigaciones realizadas por anteriores Fiscales Generales, quienes han investigado repetidamente las acusaciones de fraude, llegando a la conclusión que no tienen ninguna base.
En respuesta, el vicepresidente y director general de Asuntos Legales de Chevron, Charles James, emitió la siguiente declaración:
"Al hacer estas acusaciones sin fundamento, es claro que el gobierno de Ecuador está tratando de intimidar a Chevron para que renuncie a sus derechos legales. Esta indignante táctica no dará resultado. Chevron tiene intención de continuar reivindicando los derechos que tiene según la ley y según los contratos firmados con el gobierno de Ecuador.
"Los acontecimientos recientes en Ecuador no dejan duda de que hay una colaboración impropia entre el gobierno y los abogados de los demandantes.Es obvia la sistemática negación de los derechos de Chevron a un juicio justo y está claro que el procedimiento ha sido totalmente violentado. Al acosar a los abogados de Chevron y colaborar con los demandantes para socavar los derechos legales de Chevron, el gobierno de Ecuador ha intervenido en los procedimientos legales. El Estado ecuatoriano pone en serias dudas la legitimidad de su sistema judicial y su compromiso con el estado de derecho".
Nota a los editores:
El gobierno ecuatoriano, en colaboración con abogados estadounidenses, está buscando eludir su obligación de remediar su parte de las operaciones petroleras que realizó junto con Texaco Petroleum Company (una subsidiaria de Texaco, Inc., adquirida en el 2001 por Chevron). A cambio de remediar su parte de la operación, Texaco Petroleum recibió en 1998, de parte de la empresa estatal Petroecuador y de la República de Ecuador, un acuerdo de liberación final que eximía a Texaco Petroleum, a su personal y sus afiliados, de futuras obligaciones y reclamos.
En el 2004, Chevron inició un proceso de arbitraje para que Petroecuador cumpla con sus obligaciones de indemnizar a Texaco Petroleum. Petroecuador se negó, y ahora, el= gobierno ecuatoriano pretende evitar sus obligaciones utilizando su sistema legal para declarar que el acuerdo que eximió a Chevron de futuras responsabilidades se obtuvo por medios fraudulentos. Esta acusación ignora el hecho de que el trabajo de remediación de Texaco Petroleum y el subsiguiente acuerdo de liberación de obligaciones futuras, se revisó en los más altos niveles del gobierno ecuatoriano.
También ignora el hecho de que funcionarios del gobierno de Ecuador han reconocido repetidamente que no hay pruebas de fraude por parte de Texaco Petroleum Company o cualquiera de sus empleados. El 9 de agosto del 2006, el Fiscal General de Ecuador concluyó que:
"De la revisión del informe del examen especial al que hace referencia el señor Contralor General del Estado, se aprecia que el mismo no determina en ninguna de sus conclusiones responsabilidades civiles ni administrativas, así como tampoco indicios de responsabilidad penal de delito alguno".
"Cabe resaltar… que existe una contradicción evidente entre el informe de examen especial que en ninguna de sus conclusiones determina indicios de responsabilidad penal y la denuncia en la que afirma el contralor que se basa en indicios que determina el examen".
El ex Procurador General de Ecuador, José María Borja también admitió, durante un testimonio bajo juramento realizado en septiembre del 2006 en una Corte Federal de Estados Unidos, que no tenía ni hechos ni pruebas de fraude relacionadas con el programa de remediación de Texaco Petroleum.
Sin embargo, el gobierno de Ecuador ha forjado una activa asociación con los abogados de los demandantes para invalidar los acuerdos que firmó.
En un correo electrónico del 2005, uno de los empleados de la Procuraduría General, les escribió a los abogados de los demandantes que:
"… la Procuraduría y todos quienes nos encontramos trabajando en la defensa del Estado, estamos buscando la manera de anular o restar valor al contrato de remediación (entre Petroecuador, la República de Ecuador, y Texaco Petroleum) y al acta final…"
Los intentos del Estado ecuatoriano para socavar el contrato de remediación adquirieron un nuevo cariz en abril del 2007, cuando el recién electo presidente, Rafael Correa, dijo en cadena nacional de radio que los firmantes del acuerdo que eximía a Chevron de responsabilidades futuras eran unos traidores, y exigió que el Fiscal General procesara criminalmente a todos los involucrados en él. Seguidamente, la oficina del Fiscal General decidió reabrir la investigación sin presentar evidencias o hechos nuevos.
Por otra parte, se ha evidenciando que el gobierno ecuatoriano y los defensores de los demandantes están trabajando juntos para avanzar en su meta común de trasladar las obligaciones de remediación de Petroecuador hacia Chevron. A finales de julio del 2008, los defensores de los demandantes realizaron una conferencia de prensa en Quito en la que pidieron que se acusara formalmente a los abogados de Chevron. Posteriormente, el presidente Correa admitió haberse reunido con los abogados y defensores de los demandantes para discutir el caso, y reveló que el Fiscal General había reabierto la investigación por supuesto fraude.
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