Comunicados de prensa y declaraciones
27 de septiembre, 2008
Chevron ratifica que el Gobierno del Ecuador intimida a los abogados de la compañía
La persecución afecta al derecho a la defensa de Chevron y confirma que el Gobierno tiene una asociación impropia con los demandantes
SAN RAMÓN, Calif., sept. 27, 2008 - Chevron rechazó y calificó de alejadas a la verdad a las declaraciones vertidas ante a agencia EFE por el Procurador ecuatoriano Diego García Carrión, quien pretendió justificar la reapertura de la acusación fiscal por fraude contra dos abogados de Chevron relacionados con el juicio en el Ecuador.
La reapertura de la causa por el Fiscal se produjo en respuesta a la orden expresa del Presidente de la República, Rafael Correa, a quien anteriormente los abogados de los demandantes habían presentado ese
pedido. Esta reapertura de la causa pasa por alto que dos Fiscales Generales de la República del Ecuador habían anteriormente señalado que no hay indicio alguno de responsabilidad penal en el Acuerdo que hace 10 años exoneró a Chevron de toda responsabilidad ambiental en el Ecuador, una vez que completó la remediación de los campos a su cargo.
Las afirmaciones del Procurador ecuatoriano en los Estados Unidos pretenden supuestamente tranquilizar a los inversionistas extranjeros frente a la suerte que les espera en el Ecuador, pero la realidad es que las acusaciones de fraude sin fundamento en contra de nuestros abogados, constituyen más bien una alerta para la comunidad de negocios. Ha sido indudable el intento por intimidar a la compañía, evadir las obligaciones contractuales del estado ecuatoriano y minar aún más la validez del proceso judicial en el Ecuador.
Desde el inicio del juicio en el Ecuador, los abogados de los demandantes montaron una campaña de mentiras, pruebas fabricadas y ridículos trucos publicitarios para ganar, a través de tácticas de presión, lo que no pueden probar legítimamente ante una corte. Como parte de esta estratagema de enriquecimiento, los abogados de los demandantes han buscado involucrar en el proceso judicial al gobierno del Ecuador para negar a Chevron su derecho al debido proceso. El resultado final ha sido una farsa judicial y una sistemática negación de los derechos de Chevron.
Chevron ratificó que protegerá a sus abogados y accionistas de la campaña de mentiras de los demandantes y de la interferencia gubernamental en el proceso judicial. De otro lado, Chevron exige imparcialidad y justicia de la función judicial, y que los convenios y acuerdos firmados sean respetados por el Estado Ecuatoriano.
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